La minería responsable: regulaciones y supervisión en Panamá

La minería responsable en Panamá es un tema de gran relevancia, dada la importancia de los recursos minerales para la economía y el impacto ambiental que esta actividad puede generar.

El país busca equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental y el bienestar social mediante la implementación de regulaciones y mecanismos de supervisión.

1. Regulaciones legales:

Panamá cuenta con un marco legal que regula las actividades mineras. Entre las normativas más importantes se encuentran:

  • Código de Recursos Minerales (Ley No. 23 de 1963): Es la legislación base para el desarrollo de la minería en el país. Regula la exploración, explotación, beneficio y transporte de minerales.
  • Ley General de Ambiente (Ley No. 41 de 1998): Establece normas para la protección ambiental, incluyendo la evaluación de impacto ambiental (EIA) para proyectos mineros.
  • Ley No. 32 de 2017: Refuerza las regulaciones sobre las concesiones mineras y establece medidas para mejorar la transparencia en la gestión de recursos minerales.

2. Supervisión gubernamental:

La supervisión de la minería en Panamá es responsabilidad de varias entidades:

  • Ministerio de Comercio e Industrias (MICI): Es la entidad principal que regula la actividad minera. A través de la Dirección Nacional de Recursos Minerales, el MICI otorga concesiones, supervisa el cumplimiento de contratos y normativas, y vela por el desarrollo sostenible del sector.
  • Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE): Garantiza que los proyectos mineros cumplan con los estándares ambientales. Supervisa la implementación de las EIAs y las medidas de mitigación de impactos ambientales.

3. Minería responsable:

La minería responsable implica el cumplimiento de tres pilares clave:

  • Sostenibilidad ambiental: Las empresas mineras están obligadas a implementar prácticas que minimicen el impacto en el medio ambiente, como la reforestación y la gestión de residuos.
  • Compromiso social: Incluye la consulta previa y la participación de las comunidades locales, especialmente las comunidades indígenas y campesinas que puedan ser afectadas por proyectos mineros.
  • Transparencia y rendición de cuentas: Proyectos como Cobre Panamá, previo al mayor y más completo estudio de impacto ambiental realizado y publicado en el país en el 2011, ya había presentado 33 estudios previos. Además, el estudio actual contiene dos Planes de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMAs). También tienen habilitado una sitio web para la actualización de sus más recientes noticias.

De hecho, en enero del 2024, Cobre Panamá entregó ayer al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) un plan inicial de Preservación y Gestión Segura, denominado “el “Plan”. El Plan está basado en el conocimiento preciso que posee el proyecto del sitio y está siendo actualizado continuamente a medida que evolucionen los requisitos de planificación y preparación.

El Plan toma en cuenta la detención abrupta e inusual de las operaciones antes del fin de la vida útil de la mina, lo que ha requerido incluir actividades y pasos adicionales para mantener la seguridad y la integridad ambiental.

En conclusión, la minería responsable en Panamá es posible, pero requiere un esfuerzo coordinado entre el gobierno, las empresas mineras y la sociedad civil para garantizar que la explotación de los recursos minerales se lleve a cabo de manera sostenible y en beneficio de todos.

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